Donald Trump ha firmado un número récord de órdenes ejecutivas, muchas de ellas profundamente preocupantes. Aunque algunas podrían ser anuladas por su carácter anticonstitucional o por el Congreso, su impacto trasciende su implementación.
Estas medidas refuerzan ideas que, al quedar en el imaginario colectivo, normalizan patrones de pensamiento que ponen en riesgo derechos sociales fundamentales. ejemplo alarmante es la directriz que promueve la aplicación de la pena de muerte “siempre que sea posible”. Basada en la refutada premisa de que disuade los crímenes más graves, ordena al Fiscal General solicitarla para delitos capitales, como asesinatos de agentes de la ley y crímenes cometidos por extranjeros en situación irregular.
También exige que los estados con pena de muerte aseguren los recursos para llevar a cabo ejecuciones. Amnistía Internacional rechaza esta medida, ya que la pena de muerte vulnera el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Además, en Estados Unidos, las personas pobres o pertenecientes a minorías raciales y religiosas son desproporcionadamente condenadas debido a la discriminación en el sistema judicial. Muchas de ellas carecen de recursos legales para defenderse. Hace poco estuvimos reunidos varios abogados y abogadas con Amnistía Internacional, preocupados por los atropellos a los inmigrantes en los Estados Unidos.

Seguimos en su defensa.

Lcda. Mariela García
Abogada de Inmigración Puerto Rico y Los Estados Unidos
3/02/2025